La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia que ordena el pago de una indemnización de aproximadamente 280 millones de lempiras a las familias afectadas por el colapso de la residencial Ciudad del Ángel, uno de los casos más emblemáticos de responsabilidad urbanística y estatal en Honduras.
La resolución judicial declaró sin lugar un recurso de casación presentado en el proceso, lo que convierte la sentencia en ejecutable y abre paso al pago de la compensación para 54 familias que perdieron sus viviendas debido a las fallas geológicas registradas en el sector sur de Tegucigalpa.
Según informó el abogado Marlon Arévalo, representante legal de los afectados, las instituciones y empresas condenadas deberán asumir la indemnización en partes iguales. Entre los responsables figuran la corporación municipal capitalina, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y la empresa constructora encargada del proyecto habitacional.
Cada una de las partes deberá cubrir entre 90 y 95 millones de lempiras, equivalente al 33.33 % del monto total establecido por los tribunales. De acuerdo con las estimaciones, cada familia recibiría en promedio 2.5 millones de lempiras como compensación por los daños sufridos.
Ciudad del Ángel: una tragedia marcada por fallas geológicas
La responsabilidad estatal en el caso se relaciona con la aprobación de permisos municipales y licencias ambientales para desarrollar la urbanización, pese a que existían estudios técnicos que advertían sobre la inestabilidad del terreno.
Arévalo explicó que investigaciones realizadas por expertos japoneses desde 1990 alertaban sobre la presencia de fallas geológicas y corrientes subterráneas en la zona donde posteriormente fue construida Ciudad del Ángel. Estos informes señalaban riesgos para cualquier desarrollo urbanístico en el área.
Las condiciones del subsuelo provocaron daños estructurales severos en las viviendas, obligando a decenas de familias a abandonar sus hogares y generando pérdidas millonarias que durante más de una década permanecieron sin una solución definitiva.
Más de 13 años de espera para obtener justicia
La decisión de la Corte Suprema representa un avance histórico para los afectados, quienes han mantenido una batalla legal durante más de 13 años en busca de una reparación económica por la pérdida de sus propiedades.
El abogado de los perjudicados destacó que muchas familias invirtieron más de 1.5 millones de lempiras en la compra y construcción de sus viviendas, recursos que quedaron prácticamente perdidos tras la destrucción de la residencial.
Asimismo, advirtió que un eventual incumplimiento de la sentencia podría generar consecuencias legales para el Estado hondureño, incluyendo posibles demandas ante organismos internacionales.
¿Qué sigue tras la sentencia firme?
Con el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia, se espera que en las próximas semanas las partes involucradas alcancen acuerdos para ejecutar el pago de la indemnización sin prolongar aún más el proceso judicial.
La resolución pone fin a una de las disputas legales más prolongadas relacionadas con desastres urbanísticos en Honduras y marca un precedente sobre la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas en la aprobación de proyectos habitacionales en zonas de riesgo.
