Una denuncia penal interpuesta en el Ministerio Público estaría evidenciando presuntos actos de corrupción, fraude y delitos contra la administración pública por parte de tres empresas, en el proceso fitosanitario que lleva a cabo el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria (SENASA) para autorizar la importación de cebolla a nuestro país.
Así lo establece la formal denuncia recibida por el Ministerio Público para análisis el 18 de agosto de 2026, en la que se pone en conocimiento de “una serie de hechos que, de ser comprobados, podrían revelar la existencia de un esquema mediante el cual se habría utilizado documentación comercial y tributaria presuntamente irregular, inauténtica o atribuida a empresas inexistentes, para acreditar operaciones comerciales y/o el origen y procedencia de productos agrícolas”.
Lo anterior, “con la eventual finalidad de obtener, mantener o utilizar permisos, registros o autorizaciones ante el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA)”.
Esta misma denuncia fue remitida el 4 de septiembre al director del SENASA, Rafael Rodríguez y al Secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, en la que productores de cebolla piden a dichas autoridades tomar las acciones administrativas necesarias para investigar las denuncias que, a criterio de los afectados, están provocando pérdidas por al menos mil millones de lempiras y desincentivos en el campo, al punto que se ha anunciado públicamente que la próxima siembra está en riesgo.
En este sentido, el escrito presentado en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), agrega además que con estas prácticas irregulares se estaría permitiendo una “eventual triangulación de productos”.
Por lo que, además de investigar administrativamente, los productores de cebolla piden la “adopción de medidas preventivas y, en su caso, cancelación de los permiso y remisión de los antecedentes al Ministerio Público”.
La petición anterior se fundamenta en el artículo 167 del “Reglamento de la República de Honduras para registro, uso y control de productos fitosanitarios” que refiere en el inciso f sobre la “suspensión o cancelación de los permisos, registros y/o certificados”, como parte de las sanciones administrativas aplicables por incumplimiento o violación de las disposiciones emitidas por el SENASA.
