Tegucigalpa, Honduras, 14 de mayo de 2026. En el marco de la audiencia programada para este día en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), representantes del sector empresarial, observadores internacionales y funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos acompañan al inversionista estadounidense Murray Paul Farmer, quien cumple hoy 59 días bajo la medida de arresto domiciliario.
Murray Farmer, un ciudadano con una trayectoria de casi 30 años de inversión en Honduras, se encuentra en medio de un proceso judicial que ha generado profunda preocupación en la comunidad internacional por las siguientes razones:
1. Seguridad Jurídica en Entredicho: Farmer ha sido un pilar en el desarrollo de infraestructura crítica en Honduras, incluyendo proyectos de agua potable que han beneficiado a cientos de miles de ciudadanos. El uso del sistema penal para dirimir controversias que tienen un trasfondo administrativo o civil envía un mensaje de inestabilidad a la inversión extranjera.
2. Irregularidad en el Proceso: Se señala que este proceso surge en un contexto donde el Estado hondureño mantiene deudas pendientes con las empresas de Farmer, lo que sugiere que la acción judicial podría estar siendo utilizada como una medida de presión o represalia.
3. Derechos Humanos y Debido Proceso: Tras dos meses de privación de libertad, se exige que la CSJ actúe con total independencia, garantizando el respeto a las garantías constitucionales de un ciudadano que siempre ha mostrado disposición de colaborar con la justicia y que posee un arraigo sólido en el país.
«Honduras no puede aspirar a la prosperidad económica si los inversionistas que han dedicado décadas al desarrollo del país enfrentan persecución judicial en lugar de protección legal. La transparencia de este caso es vital para la imagen internacional de la nación. Dijo Farmer antes de entrar a su audiencia.
La presencia de observadores internacionales y gremios empresariales en esta audiencia subraya que los ojos del mundo están puestos sobre el Poder Judicial de Honduras, esperando una resolución basada estrictamente en derecho y justicia.
